UNITED STATES, — Esta historia fue publicada originalmente en inglés por la Associated Press y traducida al español.
Los opositores están demandando para poner fin a un programa federal que podría dar potencialmente a casi medio millón de inmigrantes sin estatus legal que están casados con ciudadanos estadounidenses un camino hacia la ciudadanía.
16 estados dirigidos por republicanos presentaron una demanda el viernes para detener el programa lanzado por el presidente Joe Biden en junio, argumentando en documentos judiciales que la administración Biden pasó por alto al Congreso para crear un camino hacia la ciudadanía con "propósitos políticos flagrantes".
Según la política, que comenzó a aceptar solicitudes el lunes, muchos cónyuges sin estatus legal pueden solicitar algo llamado "libertad condicional en el lugar", que ofrece permiso para permanecer en los Estados Unidos, solicitar una tarjeta verde y eventualmente emprender el camino hacia la ciudadanía.
Pero el programa ha sido particularmente polémico en un año electoral donde la inmigración es uno de los mayores problemas, y muchos republicanos atacan la política y sostienen que es esencialmente una forma de amnistía para las personas que violaron la ley.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo en un comunicado el viernes que el plan "viola la Constitución y empeora activamente el desastre de la inmigración ilegal que está dañando a Texas y a nuestro país".
La demanda presentada contra el Departamento de Seguridad Nacional, el secretario Alejandro Mayorkas, y otros funcionarios de la administración Biden acusa a la agencia de intentar conceder la libertad condicional a los cónyuges "en masa", lo que los estados sostienen que es un abuso de poder.
El Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.
La organización bipartidista de inmigración y justicia penal FWD.us dijo en el momento de la demanda, que se presentó la noche en que Kamala Harris aceptó la nominación demócrata a la presidencia, y dijo que el programa cumple con la ley.
"La única motivación detrás de esta demanda es la crueldad de separar a las familias y la política grosera de esperar que un juez pueda hacer lo que le ordena el movimiento antiinmigrante", dijo la organización en un comunicado.
Para ser elegibles para el programa, los inmigrantes deben haber vivido continuamente en los Estados Unidos durante al menos 10 años, no representar una amenaza para la seguridad ni tener antecedentes penales descalificadores y haber estado casados con un ciudadano antes del 17 de junio, el día antes de que se anunciara el programa.
Deben pagar una tarifa de $580 para solicitarlo y completar una extensa solicitud, que incluye una explicación de por qué merecen la libertad condicional humanitaria y una larga lista de documentos de respaldo que demuestren cuánto tiempo han estado en el país.
Presentan la solicitud al Departamento de Seguridad Nacional y, si se aprueba, tienen tres años para solicitar la residencia permanente. Durante ese período, pueden obtener autorización para trabajar. La administración estima que unas 500,000 personas podrían ser elegibles, además de unos 50,000 de sus hijos.
Antes de este programa, era complicado para las personas que estaban en Estados Unidos ilegalmente obtener una tarjeta verde después de casarse con un ciudadano estadounidense. Se les puede exigir que regresen a su país de origen, a menudo durante años, y siempre enfrentan el riesgo de que no se les permita regresar.
